Por qué es tan importante proteger a los denunciantes? 

El 17 de diciembre del 2021 entró en vigor la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea. Su anteproyecto de ley fue aprobado en España el 22 de Diciembre de 2022. La directiva fue redactada con el objetivo de perseguir casos de fraude, corrupción, blanqueo de capitales y otras infracciones graves del Derecho de la Unión Europea en empresas y organizaciones. La protección a los denunciantes es la clave para implementar la ley de forma eficiente. 

Los denunciantes deben sentirse seguros 

A ningún trabajador le gusta ser el «chivato» de su empresa. Aunque denunciar infracciones se percibe a menudo como un deber moral, nadie quiere crearse una mala reputación en el trabajo. Por eso, la ley «whistleblowing» presta especial atención a la protección de los denunciantes.  

Razones para sentirse protegidos 

Combatir los casos de corrupción, fraude y malas prácticas corporativas es importante. No obstante, garantizar la protección del denunciante es clave para incentivar las denuncias y conseguir que la norma sea aceptada y, por ende, útil.  

Las denuncias por casos de corrupción, fraude y otras infracciones empresariales han existido siempre. Por ejemplo, en 2020 se presentaron más de 10 000 denuncias internas en el seno de las empresas del IBEX español. Esta cifra supuso un 10 % más de denuncias que el año anterior. También son significativos el caso Falciani en 2016 o el sonado escándalo del fraude en las residencias de BB Serveis, en el que se estafaron millones de euros. Aunque las personas o grupos de personas que informaron de los hechos cumplieron con su deber moral, no existía ninguna regulación específica que les protegiera. Hoy en día, gracias a las leyes de protección de denunciantes, esto ha empezado a cambiar y las previsiones de futuro son altamente esperanzadoras. 

Las represalias están prohibidas 

A pesar de las lógicas reticencias, las personas que denuncian malas prácticas en sus empresas estarán protegidas por la ley. En su artículo 36.6, la ley define qué supuestos están considerados como represalias. El despido, la denegación de promoción interna, las coacciones, el acoso sexual o por razón de sexo, el «mobbing», el abuso de poder de cualquier índole, las evaluaciones negativas sistemáticas, la anulación de permisos o excedencias o los obstáculos a la contratación son algunos de los numerosos supuestos expresamente prohibidos y penados por la ley. La normativa también prevé un régimen especial de protección para aquellos casos que, por su naturaleza, requieran una atención adicional.  

Proteger a los denunciantes es clave 

Proteger a los denunciantes en el ámbito corporativo tiene dos ventajas principales. Por un lado, fomenta el uso de buenas prácticas en la empresa y, por el otro, facilita la denuncia y la persecución de las malas. Las leyes de protección al denunciante hacen posible que las personas puedan cumplir con su deber moral sin poner en peligro su integridad, su reputación o sus puestos de trabajo.  

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