Normativa de protección de denunciantes en el mundo - Primera Parte 

Si bien la legislación difiere según el país, muchos de ellos protegen a quienes denuncian irregularidades a través de leyes específicas para la protección de denunciantes. En nuestros artículos, echaremos un vistazo a algunas de las diferentes leyes de denuncia de irregularidades en todo el mundo. 

Aquí está la primera parte, sobre la normativa de protección de denunciantes en los países angloparlantes.

Pero primero, ¿qué es la denuncia de irregularidades? 

La denuncia de irregularidades es cuando una persona (a menudo un empleado) revela información sobre practicas ilegales o inmorales en una organización. Por lo general, para que sea una denuncia el asunto debe ser de interés público. Esto significa que afectaría a más personas que las de la empresa o del sector. La mayoría de los denunciantes revelan sus hallazgos internamente dentro de la empresa. Sin embargo, las más conocidas son las historias que se han compartido con los medios.  

La Unión Europea y su Directiva para la protección de denunciantes

En 2019, la UE aprobó la Directiva para la protección de denunciantes que se tenía que implementar en las empresas con más de 250 empleados antes de diciembre de 2021. Las empresas con entre 50 y 250 empleados tenían dos años adicionales para cumplir. Sin embargo, los estados miembros de la UE aún están trabajando en la creación de las leyes de protección de denunciantes.  

Las empresas deben proporcionar lo siguiente: 

• Asegurar los canales y procedimientos internos para la denuncia segura de irregularidades, manteniendo la confidencialidad.  
• Ofrecer la posibilidad de denunciar por escrito o verbalmente, utilizando un sistema en línea y/o una línea telefónica directa o un sistema de correo.  
• Designar encargados competentes para dar seguimiento a las denuncias, como el jefe de recursos humanos, un oficial de cumplimiento, un asesor legal, un director financiero, un miembro de la junta ejecutiva o un tercero.

• Establecer una reunión cara a cara si el denunciante lo solicita. 

La Directiva también establece que cualquier empresa que obstruya la denuncia o no asegure la confidencialidad puede enfrentarse a sanciones severas (a ser determinadas por los legisladores de cada país). 

Obtén más información sobre los avances de cada país en la adopción de la Directiva de protección de denunciantes aquí y más sobre la normativa de la UE aquí 

Los Estados Unidos 

Los Estados Unidos tienen una amplia normativa propia de protección de denunciantes, y los trabajadores y contratistas tienen garantizada la libertad de expresión, así como protección contra represalias. Además, tienen un programa de «recompensas» (que también se encuentra en otros países, como Singapur, para denunciar cárteles). Esto significa que los denunciantes pueden recibir recompensas financieras si su denuncia contra su empleador se acepta y es relevante. Para esto, las denuncias deben plantearse en línea a través de portales específicos, por correo electrónico o a través de un formulario específico. Algunas de estas recompensas se les otorgan a denunciantes fuera de los EE. UU. 

Sin embargo, a diferencia de la UE, la ley federal no exige que las empresas privadas tengan canales especiales de denuncia de irregularidades ni sigan ningún procedimiento. Otro punto clave a tener en cuenta es que en los EE. UU., el movimiento sindical es particularmente fuerte y es posible que se brinde protección legal adicional a los miembros del sindicato.* 

Canadá 

Entre los países con un historial de protección legislativa deficiente para los denunciantes, la presencia de Canadá podría parecer sorprendente. De hecho, ocupó el peor lugar, junto con Líbano y Noruega, en un informe de 2021 de la Asociación Internacional de Abogados. Aunque Canadá aprobó una ley de protección de denunciantes en 2005, el gobierno canadiense ha sido acusado de no haber usado ni revisado su sistema de manera efectiva. Existe una Ley de Protección de Divulgación de Servidores Públicos (PSDPA), pero también fue fuertemente criticada en un informe en 2017 por el Centro para la Libre Expresión. 

El Reino Unido 

El Reino Unido tiene leyes de protección de denunciantes muy fuertes, como la Ley de Divulgación de Interés Público de 1999 (PIDA). Estas se centran en proteger al denunciante de cualquier represalia (de manera similar a las leyes de Nueva Zelanda), pero no se centran en seguir ningún procedimiento en particular. 

También se ha revisado la naturaleza específica de la denuncias en el Reino Unido, de modo que los problemas divulgados deben considerarse de interés público para que cuenten como denuncias. Las reclamaciones pueden cubrir delitos penales, incumplimiento de la ley, injusticias, violaciones de la salud y la seguridad, daños al medio ambiente o incluso el encubrimiento de irregularidades dentro de estas categorías. 

A partir de enero de 2020, el Reino Unido ya no es miembro de la UE. Sin embargo, todavía hay muchas empresas del Reino Unido a las que se les puede exigir que cumplan con la Directiva de la UE de acuerdo con el Acuerdo de Cooperación y Comercio entre el Reino Unido y la UE. Es posible que el gobierno del Reino Unido pueda tener en cuenta este acuerdo al revisar su propia legislación. 

Australia 

En Australia, la identidad de cualquier empleado denunciante debe mantenerse confidencial por ley (excepto en ciertos casos). La legislación australiana sobre denuncias no especifica ningún método o procedimiento de denuncia. Sin embargo, incluye protección para los denunciantes que revelan situaciones «inadecuadas», como las infracciones del código ético de la empresa. 

Además, a partir de enero de 2020, la ampliación de la Ley de Sociedades Anónimas estableció que ciertos tipos de entidades (por ejemplo, las empresas públicas) están obligadas a tener una política de denuncias. Esta política debe contener información sobre la protección legal, así como el procedimiento de las investigaciones. 

Nueva Zelanda 

Nueva Zelanda actualizó recientemente su Ley de divulgación protegida de 2000, el 1 de julio de 2022. La protección actualizada de los denunciantes es similar a la Directiva de protección de denunciantes de la UE en muchos aspectos. 

Los cambios clave incluyen obligaciones nuevas y más detalladas para el receptor de denuncias de acusar el recibo, tratar el asunto, informar al denunciante y proporcionar la decisión. También permite a los denunciantes hacer una denuncia directamente a la autoridad correspondiente y amplía la definición de “falta grave”. De manera similar a la Directiva de Denunciantes de la UE, la protección está disponible incluso si el denunciante se equivoca, siempre que la divulgación se haya hecho de buena fe. 

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