Aún no ha concluido la transposición de la Directiva Whistleblowing, para la protección de denunciantes, de la UE

El plazo oficial para que los 27 Estados miembros de la UE transpusieran la Directiva Whsitleblowing (sobre la protección de los denunciantes) era el 17 de diciembre de 2021. Solo ocho países adoptaron la legislación a tiempo, y más de un año después de la fecha límite, solo 17 han adoptado nuevas leyes.

Procedimientos de infringement

En julio de 2022, la Comisión Europea inició procedimientos de infringement contra 15 Estados miembros enviándoles dictámenes. Se trata de una petición formal para que cumplan con la legislación de la UE. Los países en cuestión también deben informar a la Comisión de las medidas adoptadas, en un plazo determinado (normalmente dos meses). En septiembre de 2022 se envió un segundo requerimiento a cuatro Estados miembros, por no comunicar qué se había hecho para transponer plenamente la Directiva.

Estados miembros de la UE llevados ante el Tribunal de Justicia

Ocho Estados miembros no dieron respuestas satisfactorias a los requerimientos formales: Alemania, Luxemburgo, Polonia, Hungría, Estonia, Italia, Chequia y España. Por ello, en febrero la Comisión Europea decidió llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea por no haber transpuesto ni notificado las medidas nacionales de transposición de la Directiva sobre la denuncia de irregularidades.

Sanciones económicas

Si un país de la UE no comunica a tiempo las medidas de aplicación de las disposiciones de una Directiva, el Tribunal de Justicia puede optar por imponer sanciones. Si el Tribunal considera que un país ha infringido la legislación de la UE, las autoridades nacionales deben actuar para cumplir la sentencia del Tribunal. Si el país sigue sin rectificar la situación, puede ser llevado de nuevo ante el Tribunal. Cuando un país es remitido al Tribunal por segunda vez, pueden imponerse sanciones económicas.

Nuevas leyes para la protección de los denunciantes

Otro Estado miembro, concretamente España, aprobó una nueva legislación sobre la protección de los denunciantes sólo un día después de ser remitido al Tribunal de Justicia. Con la aprobación de la Ley 2/2023, habrá sanciones de hasta un millón de euros para quienes tomen represalias contra los denunciantes. España se convirtió en el 18º país en aplicar la Directiva.

Alemania, en cambio, se quedó a las puertas de la meta. El proyecto de ley sobre la protección de los denunciantes fue aprobado por el Gabinete Federal en julio de 2022 y aprobado por el Bundestag en diciembre. Tras ser rechazada por el Consejo Federal, la ley no podrá entrar en vigor en abril, como estaba previsto. Los argumentos presentados en el Bundesrat contra el proyecto de ley reflejan principalmente la opinión de que la ley supondría una carga excesiva para las pequeñas y medianas empresas.

El proyecto de ley alemán pasará ahora a la comisión de mediación para introducir modificaciones en la ley y reflejar un acuerdo de compromiso.

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