Anteproyecto de ley whistleblowing en España: no cumplir con la normativa puede salir muy caro

La nueva legislación prevé sanciones económicas de hasta un millón de euros para los infractores

El 4 de marzo de 2022 se aprobó en España el anteproyecto de ley whistleblowing para proteger a todas aquellas personas físicas y jurídicas que denuncien casos de corrupción y otro tipo de malas prácticas en el entorno laboral. Este anteproyecto de ley es la transposición de la directiva europea conocida como directiva «whistleblowing», destinada a combatir los casos de corrupción, fraude, blanqueo de capitales y demás violaciones del derecho de la Unión Europea en las empresas comunitarias.

Principales novedades del anteproyecto de ley whistleblowing con respecto a la directiva de la Unión Europea

La denuncia de casos de fraude, corrupción y otras malas prácticas en el entorno laboral debe garantizar la seguridad y el anonimato de los denunciantes, así como disuadir a quienes perpetran dichas prácticas. Este es el objetivo principal de las normativas antes mencionadas. El anteproyecto de ley de protección de denunciantes, o ley whistleblowing, aporta interesantes novedades y mejoras en la lucha contra el fraude y la corrupción en territorio español.

Algunas de las novedades más significativas son la ampliación de los sujetos obligados, es decir, las empresas y organismos obligados a perseguir y denunciar. Dichos sujetos incluyen a las personas físicas y jurídicas con más de 50 empleados, así como a todas aquellas que estén dentro del ámbito de aplicación de una ley específica. Asimismo, están obligadas todas las administraciones públicas, organizaciones patronales, sindicatos y partidos políticos, independientemente de su número de trabajadores o afiliados.

El anteproyecto de ley whistleblowing en España, también especifica las conductas susceptibles de ser denunciadas, y prevé sanciones que oscilan entre los 100.000 € y los 1.000.000 € para los infractores. Además, existe un riesgo de daño reputacional para las empresas y organizaciones que sean sancionadas con multas superiores a 600.000 €, dado que se esperan también amonestaciones públicas asociadas a este tipo de infracciones.

Organismos de regulación y plataformas empresariales

El anteproyecto de ley whistleblowing en España prevé la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Este organismo de gestión y revisión de denuncias por fraude, corrupción e incumplimiento de la legislación de la UE servirá como sistema de información externo y ayudará a garantizar tanto una mayor presión disuasoria para las empresas como una mayor seguridad y confidencialidad para los informantes. Asimismo, el Sistema de Información Interno, de obligada implementación antes del 1 de enero de 2023, ayudará a garantizar, con la ayuda de la tecnología, el anonimato y la protección de los informantes.

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