España se convierte en el 18º Estado miembro en aprobar una nueva ley de protección de los informantes

España aprobó una nueva ley de protección de los informantes sólo un día después de haber sido denunciada ante el Tribunal de Justicia. La Ley 2/2023 de protección de las personas que denuncien infracciones de la ley y de lucha contra la corrupción se publicó el 21 de febrero y entró en vigor el 13 de marzo de 2023.

Con la aprobación de la Ley 2/2023, España se convirtió en el 18º Estado miembro en aplicar la Directiva sobre denuncia de irregularidades.

Proceso legislativo de la ley de protección de informantes en España

Como la mayoría de los Estados miembros, España no cumplió el plazo inicial y el primer proyecto de Ley de transposición de la Directiva de la UE sobre la denuncia de irregularidades no se publicó hasta el 13 de septiembre de 2022. España fue incluida en los procedimientos de infringement iniciados por la Comisión Europea en 2022, y en febrero de 2023 España fue llevada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber transpuesto y notificado las medidas nacionales de transposición de la Directiva.

Sólo un día después, el 16 de febrero, el Senado español aprobó una nueva ley sobre la protección de los informantes. La ley pretende ofrecer una protección adecuada a las personas que denuncien acciones u omisiones que puedan suponer alguna de las infracciones recogidas en la ley. Esto incluye tanto las infracciones del Derecho de la Unión como las infracciones penales o administrativas graves o muy graves.

En este artículo, veremos más de cerca los detalles y aspectos más importantes de la ley española de denuncia de irregularidades junto con Maria Bobóc, Territory Manager de Whistlelink.

Para más información, lee también nuestro artículo escrito por el socio de Whistlelink en Écija: Proceso legislativo de la ley española de Whistleblowing.

Ámbito de aplicación:

Las entidades obligadas deberán disponer de un canal interno de denuncia, así como de sistemas de gestión y protección para evitar represalias contra los denunciantes.
Esto incluye para el sector privado

• Personas jurídicas con 50 o más empleados.
• Determinadas personas jurídicas del sector financiero o con obligaciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, o la seguridad del transporte y el medio ambiente.
• Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones dependientes de ellos, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.

La ley permite a las empresas del sector privado con entre 50 y 249 empleados compartir canales internos de denuncia, así como recursos para recibir y tramitar denuncias.

Para el sector público, la ley ha ampliado la obligación de disponer de canales internos de denuncia en toda su extensión. Todas las entidades públicas deben establecer un sistema seguro de denuncia, independientemente del número de empleados.

Plazos:

El plazo para implementar los canales internos de información es de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley. En otras palabras, las empresas privadas con 250 o más empleados tienen hasta el 13 de junio para cumplir la normativa. Las empresas de 50 a 249 empleados tienen hasta el 1 de diciembre de 2023.

Sanciones:

Para las empresas obligadas, la ley establece un régimen de infracciones y sanciones con tres categorías: leves, graves y muy graves.

• El incumplimiento de la obligación de disponer de un sistema interno de información es una infracción grave, con multas que oscilan entre 300.000 y 1.000.000 de euros para las personas jurídicas.
• El tramo muy grave puede conllevar una amonestación pública o la prohibición de obtener beneficios fiscales por un periodo de hasta cuatro años, o la prohibición de contratar con el sector público por un periodo de hasta tres años.
• El procedimiento sancionador también contemplará multas de hasta 300.000 euros para las personas físicas que pretendan obstaculizar la divulgación o impedir la investigación.

La comunicación o divulgación pública de información a sabiendas de que es falsa también será sancionable por ley. Las multas impuestas en la ley española son las más altas de Europa.

Denuncias anónimas:

Se permiten las denuncias anónimas, y el sistema de denuncia de irregularidades debe contener los mecanismos necesarios para que esto sea posible.

Otros detalles sobre la ley de denunciantes en España:

En el plazo de tres meses debe darse una respuesta al denunciante sobre el proceso de investigación, aunque este plazo puede ampliarse otros tres meses si la denuncia es compleja.

Se creará una Autoridad Independiente para la Protección de los Informantes, dependiente del Ministerio de Justicia y dotada de potestad sancionadora, para gestionar un canal externo de denuncia.

Quiere saber más? Lea aquí sobre la Directiva de la UE relativa a la denuncia de irregularidades o visite nuestra página sobre leyes nacionales de denuncia de irregularidades en la Unión Europea para obtener más información.

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